Cif España
Los impuestos españoles pueden recaudarse a nivel nacional (estatal), regional (autonómico) o local (ayuntamientos o autoridades municipales). Además, los impuestos españoles pueden dividirse en tres grupos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. En cualquier caso, y como visión general, los derechos y las contribuciones especiales se activan a cambio de un servicio o prestación pública, como la tasa de aparcamiento o la tasa de basuras.
Desde el punto de vista de la fiscalidad directa, existen otros impuestos aplicables, como el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre actividades económicas, y otros que sólo se aplican a las personas físicas, como el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio.
En cuanto a la fiscalidad indirecta, en España son aplicables el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. El IVA está regulado según las normas de la UE en virtud de la Directiva del IVA. El IVA no es aplicable en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, que no se consideran territorios españoles desde el punto de vista del IVA. En su lugar, estas regiones aplican sus impuestos específicos sobre las ventas. La mayoría de los aspectos del impuesto sobre transmisiones, incluidos los tipos, las deducciones y las formalidades a la hora de presentar las declaraciones de impuestos, están determinados por las leyes fiscales regionales.
Invertir en España
Por regla general, una Inversión Extranjera Directa sólo está sujeta a un régimen de declaración a posteriori a efectos puramente administrativos, estadísticos o económicos ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones una vez realizada la inversión. Las inversiones realizadas desde paraísos fiscales también están sujetas a una declaración administrativa previa.
Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) facilitan el proceso de creación de nuevas empresas. La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dispone de un buscador que permite encontrar un PAE adecuado para el emprendedor.
Un documento obligatorio aunque meramente informativo (Formulario D-1A) que, como norma, debe presentarse en el Registro de Inversiones Exteriores (RIE) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el plazo de un mes desde la constitución de la Nueva Empresa. Esto puede ser tramitado por el Notario a petición del interesado.
En el caso de que, según la normativa fiscal española, la inversión tenga su origen en un territorio calificado como paraíso fiscal, deberá presentarse también una declaración informativa previa a la constitución de la sociedad. (Formulario DP1)
Oficina de Marcas de España
También puede ejercer una actividad económica como persona física, en su propio nombre, asumiendo usted mismo todo el control y el riesgo. Esto es lo que se conoce como trabajar por cuenta propia. Como autónomo, no hay obligación de fundar ningún tipo de entidad.
En el caso de determinadas sociedades mercantiles en España, puede realizar los trámites de fundación y constitución de la sociedad por Internet. También puede realizar los trámites de cese de actividad por esta vía.
Puede crear su empresa usted mismo a través de la aplicación informática ‘Punto de Atención al Emprendedor (PAE virtual)’, un sistema de información que le permite realizar los trámites de constitución y creación de algunas sociedades mercantiles en España por Internet. El PAE virtual le facilita la creación de su empresa mediante acuerdos y comunicaciones con todos los organismos y administraciones que intervienen en el proceso de constitución de una empresa.
También puede acudir a los PAE que se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas, y obtener asesoramiento para la puesta en marcha y desarrollo de la misma. Puede utilizar el siguiente enlace para localizar los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE).
Registro de empresas en línea en Europa
Las reservas forman parte del Acuerdo de Comercio y Cooperación. Reservan el derecho de cada parte a mantener o hacer nuevas leyes que restrinjan la inversión, o la venta de servicios, de manera que se incumplan las normas del acuerdo.
Si usted es un abogado titulado en el Reino Unido que trabaja en España, utilizando un título profesional español o británico, debe ponerse en contacto con el colegio de abogados local de la región en la que trabaja o con el Consejo General de la Abogacía Española (sitio en español) para obtener asesoramiento.
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